Andrea Chávez señala que las reformas en bienestar son un acto de amor a México.
Durante la Presentación del dictamen de las comisiones unidas de Bienestar; de Puntos Constitucionales; y Estudios Legislativos, sobre el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan las artículos 4o y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar, mencionó que los cambios constitucionales se dan ante un momento de profundo significado histórico y social para el país
La senadora, presidenta de la Comisión de Bienestar, dijo que el dictamen «representa un paso fundamental en la promoción, reconocimiento y protección de la dignidad de aquellos grupos sociales, históricamente marginados, y que hoy, más que nunca, reciben la protección del Estado mexicano.»
Indicó que reformar los artículos cuarto y vigésimo séptimo de la Constitución no es sólo un acto legislativo, es en esencia un acto de justicia social, de fraternidad, pero sobre todo, de amor incondicional al pueblo de México.
Añadió que desde la administración anterior, la solidaridad con las personas que enfrentan que condiciones de discapacidad se convirtió en el principio rector de la política de bienestar, reconociéndoles su derecho a vivir con dignidad.
«Lo mismo con las personas adultas mayores, nuestras abuelitas y abuelitos que han dado lo mejor de sí en beneficio de la sociedad y que hoy merecen vivir en condiciones de tranquilidad y bienestar, siempre con la certeza de una pensión que no dependa de voluntades políticas, partidos o ideologías, sino de su derecho inalienable como mexicanas y mexicanos.»
Asimismo, desde 2018 el Estado mexicano se ha empeñado en rescatar del olvido a las y los campesinos, agricultores, pescadores, cuya labor es esencial para el desarrollo y la seguridad alimentaria del país.
Derecho a la vivienda
Es a ellas y a ellos a quienes más beneficiarán las presentes reformas. ¿Qué es lo que propone el dictamen y por qué es tan importante? En primer lugar, busca establecer que toda persona tenga derecho a disfrutar de una vivienda adecuada, que fue motivo de la discusión de la sesión anterior de puntos constitucionales, estudios legislativos y la comisión de vivienda.
La senadora por Chihuahua dijo que el derecho a la vivienda es «un término reconocido a escala internacional que implica garantizar elementos como la seguridad de la tenencia del inmueble, es decir, la certeza jurídica de las familias sobre su patrimonio, la disponibilidad de sus servicios básicos, la asequibilidad en el costo de la vivienda, la habitabilidad a través de espacios suficientes, la accesibilidad para personas con discapacidad, la ubicación que permita el acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, de escuelas, guarderías y otros servicios, así como la adecuación cultural, es decir, que su ubicación respete y tome en cuenta la expresión de identidad cultural de todos los pueblos, comunidades que habitan en nuestro país.»
Pensiones para grupos vulnerables
Señaló que «el dictamen busca determinar que la federación y las entidades federativas, y hago énfasis, garanticen la entrega de una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente menores a los 65 años. En este sentido desde 2019 el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador creó el programa de pensión para el bienestar de las personas con discapacidad.»
De acuerdo con la legisladora, desde entonces y hasta junio de 2024, se han beneficiado a un millón seiscientas noventa y cuatro mil trescientas setenta y cinco personas con discapacidad permanente, recibiendo actualmente un apoyo de mil quinientos cincuenta pesos mensuales.
Andrea Chávez subrayó que esto ha sido posible «gracias a la colaboración entre el gobierno federal y los gobiernos estatales que han suscrito el convenio para la universalización de la pensión que permite financiar conjuntamente estos apoyos para la población con discapacidad desde los 30 hasta los 64 años.»
Chávez criticó que «todavía existen algunos casos de algunos estados que se han negado a sumarse a este noble esfuerzo y que han dejado a miles de familias, a miles de personas que viven con alguna discapacidad en total abandono y no sólo a ellas sino también a las personas cuidadoras que se hacen cargo de las mismas. A todas y todos ellos les decimos que con esta reforma no habrá más regateos ni caprichos que impidan llevar este apoyo a todas y todos aquellos quienes viven con alguna discapacidad.«
En la presentación del dictamen mencionó que este «determina que el Estado garantizará la rehabilitación y habilitación de las personas que viven con discapacidad permanente, dando prioridad a las personas menores de 18 años, permitiendo así el acceso a estos servicios cuyos costos en muchas ocasiones llegan a ser inalcanzables para las posibilidades económicas de estas personas y o de quienes cuidan de ellas.«
Agregó que «el dictamen mandata la reducción de edad de los 68 a los 65 años para tener acceso a la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores y precisa que a las personas con discapacidad permanente menores de 65 años les corresponde una pensión no contributiva por discapacidad y que a todas las personas mayores de esa edad les corresponderá la pensión no contributiva de adultos mayores.«
De esta manera será, continuó, es «posible proteger completamente a las personas más vulnerables desde su niñez hasta la edad adulta mayor, quienes por su situación enfrentan mayores dificultades económicas y de salud en todas las etapas de su vida.»
La senadora hizo énfasis en que «el dictamen también ordena al Estado destinar anualmente los recursos presupuestarios suficientes y oportunos conforme al principio de progresividad para garantizar todos estos derechos» y que para lograrlo se prevé que el monto de los recursos asignados no podrá ser disminuido en términos reales respecto del ejercicio fiscal inmediato anterior.
Jornal seguro para campesinos
Por último, señaló que el dictamen reforma el artículo 27º constitucional «para que el Estado garantice la entrega de un jornal seguro, justo, permanente a campesinos que cultiven sus tierras con árboles frutales y maderables y especies que requieren ser procesadas, un apoyo anual directo con fertilizantes gratuitos a productores de pequeña escala, un apoyo anual directo a pescadores de pequeña escala y mantener precios de garantía para el maíz, frijol, leche, arroz y trigo, harinero o panificable.»
Concluyó señalando que todo esto se hace «con la finalidad de fortalecer las economías rurales, mejorar las condiciones de vida de las y los jornaleros y sus familias y robustecer la seguridad alimentaria del país.»